La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) tiene hasta el 22 de septiembre para cumplir en su totalidad una sentencia de amparo a favor del Pueblo Originario de Santa Cruz Atoyac, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez.

De no hacerlo, su titular, Julia Álvarez Icaza Ramírez, y la responsable del área jurídica, Ana Martha Hernández Escobedo, podrían enfrentar multas y un procedimiento que, en caso de persistir el rechazo voluntario a cumplir las órdenes de un juez, podría culminar con su separación inmediata del cargo y una consignación penal.

El ultimátum fue emitido por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que determinó que la dependencia incurrió en un “cumplimiento defectuoso” de la sentencia que protege los derechos del pueblo originario.

El inicio del conflicto

En el pueblo de Santa Cruz Atoyac, la comunidad y el Consejo del Pueblo tienen contabilizados al menos cinco megaproyectos y grandes desarrollos inmobiliarios, junto con la creación de aproximadamente 2,400 nuevas viviendas en la zona.

En ese contexto, la disputa comenzó dos años atrás, cuando Santa Cruz Atoyac pidió a la Secretaría algo que para el pueblo es fundamental para proteger su territorio: que sus derechos fueran tomados en cuenta antes de que la dependencia emitiera una Manifestación de Impacto Ambiental relacionada con megaproyectos que pudieran afectarlo.

En 2024, el Pueblo Originario entregó a SEDEMA un oficio acompañado del Acta de Asamblea del Pueblo y su Declaración General. En el documento solicitó que, dentro de las atribuciones de la Secretaría y del personal bajo su responsabilidad, se respetaran y garantizaran sus derechos frente a proyectos que pudieran modificar su territorio.

La respuesta de la dependencia fue distinta a lo que esperaba el pueblo. SEDEMA respondió mediante un oficio en el que señaló que no tenía competencia para atender la petición.

Santa Cruz Atoyac llevó entonces el caso a los tribunales. En octubre de 2024 promovió un juicio de amparo al considerar que la Secretaría había incumplido con sus obligaciones, dentro del ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos del pueblo originario.

La disputa llegó hasta el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que el 14 de mayo de 2026, al resolver el Amparo en Revisión 770/2025, dictó una resolución favorable al pueblo.